Total oposición frente al borrador de Consumo sobre las estaciones desatendidas

Las entidades COCEMFE Comunitat Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (FEDMES) y la Agrupación Levantina de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (ALEVENCAR) muestran su oposición frontal al proyecto de resolución remitido el 27 de octubre por la Dirección General de Comercio y Consumo, relativa al horario de atención personalizada en las estaciones de servicio. Este nuevo texto, que pretende sustituir a la Resolución de 28 de abril de 2016, supone un paso atrás inaceptable, que sitúa a la Comunitat Valenciana a la cola de toda España en defensa de los derechos de los consumidores y presenta, además, incompatibilidades legales difíciles de entender.

Debido a todo ello, vamos a presentar recursos ante la Administración para evitar que entre en vigor una norma que consideramos traiciona el pacto alcanzado a principios de año y que se vio reflejado en la citada Resolución de 28 de abril de 2016, que ahora se pretende modificar, no ya en su tramitación, sino en su contenido.

Estamos totalmente en contra de reducir el horario de atención a 8 horas y a la introducción la ‘teleasistencia’ como sinónimo de atención personalizada.

UN HORARIO EN CONTRA DE LA PROPIA LEGISLACIÓN DE LA GENERALITAT

Las entidades antes mencionadas evidencian que este anteproyecto de resolución vulnera la propia ley según la cual se desarrolla. Cabe recordar que la disposición segunda adicional introducida en la Ley 1/2011, de 22 de marzo, mediante la Ley 10/2015 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, recoge que “la concreción del horario diurno se hará por resolución de la dirección general competente en la materia”.

Y eso es lo que hace la Dirección General de Comercio y Consumo… de forma, a todas luces, errónea. El proyecto de resolución enviado hoy recoge que, con “carácter general”, el horario diurno será el comprendido entre las 6.00 y las 22.00 horas. Ahora bien, con la mera “comunicación previa”, los establecimientos de suministro al detalle y venta al público de carburantes y combustibles, “podrán fijar otro horario” en el que dispongan de una persona responsable durante al menos 16 horas “entre las 4.00 y las 24.00 horas de los días laborables”.

Así, la Dirección General, que sólo podía establecer el horario diurno (es decir, si se entiende por la franja de 6.00 a 22.00 o bien de 7.00 a 23.00 horas), regula una franja horaria que incluye el horario nocturno (de 4.00 a 24.00 horas), algo que no le permite la citada DA2a de la Ley 1/2011.

CON TANTA EXCEPCIÓN, ¿DÓNDE QUEDA LA NORMA?

Pero este anteproyecto va más allá y establece condiciones en las que la atención quedaría limitada a tan sólo ocho horas (en la franja comprendida entre las las 6.00 y las 22.00 horas, en día laborables) y enumera un buen puñado de excepciones que, en la práctica, lo convertirá en norma generalizada. Por si ello fuera poco, las enumera pero no las especifica. Así, la atención podrá reducirse a 8 horas en función de:

  • 
-“La ubicación del municipio en zona rural, así como su tamaño”. Pero… ¿qué entendemos por zona rural? ¿Y cuál será el tamaño para poder entrar en esta excepción?
  • 
-“La ubicación del establecimiento, dentro de municipio, en zona urbana, terciaria, industrial o rural”. Es decir, en esta excepción encajan todas las estaciones de servicio que se encuentran en el planeta Tierra.
  • 
-“La distancia al establecimiento de suministro de combustibles más cercano”. ¿Y cuál es esa distancia?
  • 
-“La distancia respecto a las principales vías de comunicación”. Y, de nuevo, ¿cuál es esa distancia?
  • 
-“La cantidad de litros anuales suministrados por el establecimiento en el último ejercicio completo”. ¿Y cuál es la cantidad de litros? ¿Por qué es éste un aspecto a tener en cuenta? ¿Se pretende incentivar que una estación de servicio venda menos combustible para poder limitar su horario de atención a 8 horas? ¿Quién va a certificar que los litros anuales comunicados coinciden con los realmente suministrados?

Con esta lista de excepciones, y ante su inconcreción, resulta evidente que, de facto, la atención personalizada quedaría reducida a 8 horas en un sinfín de establecimientos.

¿Y QUÉ PASA EN LOS DÍAS FESTIVOS?

Este borrador tampoco concreta los horarios en días laborables o festivos. Las únicas referencias aparecen al regular las excepciones a la norma general. En ellas sí especifica que se trata de “días laborables”, pero ¿qué ocurre con los festivos? ¿Debemos suponer que no va a haber atención en los días festivos?

PERSONA RESPONSABLE… ¿A 10 MINUTOS DE DISTANCIA?

Nos parece una falta de respeto hacia los consumidores en general, y respecto al colectivo de personas con discapacidad en particular, apostar de una forma tan clara por el “régimen de autoservicio” y afirmar que se “asegura” la atención a las personas con dificultades de movilidad con la instalación de un mecanismo de teleasistencia, según el cual, la persona responsable de la estación de servicio tiene un plazo de “10 minutos” para presentarse en la gasolinera y atender a la persona con discapacidad.

En primer lugar, entendemos que esta medida es contraria a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre), que recoge en su artículo 29.1, que “todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el sector privado, suministren  bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad”.

Tener a una persona esperando 10 minutos a ser atendida no es, precisamente, garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Vamos a permitir, por ejemplo, que un bar instale un mecanismo de teleasistencia y que una persona con discapacidad tenga que esperar en la puerta durante 15 minutos para hacerse un café? ¿Vamos a impulsar hoteles que no sean accesibles con la excusa del ‘low cost’?

En el Preámbulo del Anteproyecto remitido por el departamento encabezado por Natxo Costa se argumenta que las modificaciones se realizan “para adaptarse mejor a la realidad de los establecimientos (…) y para asegurar la atención efectiva de las personas con diversidad funcional”. Sinceramente, visto lo anteriormente expuesto, nos parece que esta apreciación es kafkiana en función de la metamorfosis que ha sufrido el último documento presentado.

En este sentido, las asociaciones de discapacidad expresan su rechazo de la manera más contundentemente posible a la propuesta de la “teleasistencia”, ya que este sistema no atiende a las necesidades reales de las personas con la movilidad reducida y su trato igualitario al resto de clientes. Asimismo, nos sentimos engañados desde la primera reunión de esta negociación, puesto que los términos han ido variando ostensiblemente en contra de los usuarios en general y de las personas con discapacidad y movilidad reducida en particular. Por ello, seguiremos defendiendo la opción de la asistencia personal en el momento en las estaciones de servicio, tal como se viene regulando en otras comunidades autónomas.

DESCONOCIMIENTO DEL SECTOR

También observamos una evidente confusión o desconocimiento en lo relativo a los tipos de instalaciones. Así, en el Preámbulo se recuerda que la DA2a de la Ley 1/2011 establece la obligación de atender a las personas con discapacidad por una persona responsable de las instalaciones “cuando no puedan acceder al suministro en régimen de autoservicio” y se añade: “Por tanto, la norma no es incompatible con el régimen de autoservicio ni con las estaciones automatizadas”. 

Supone un grave error confundir estaciones desatendidas con automatizadas, pues las de autoservicio también son automatizadas.

Las estaciones automatizadas, como figura legal, no existen. En realidad, la legislación española recoge tres tipos de estaciones de servicio (ver Nota 1):

  • a) Instalación atendida: aquélla cuyo suministro al vehículo lo realiza el personal de la propia instalación.
  • b) Instalación desatendida: aquélla en que no existe personal afecto a la instalación y el suministro al vehículo lo realiza el usuario.
  • c) Instalación en autoservicio: aquélla en la que en el suministro al vehículo la operación de llenado la realiza el cliente, pero el surtidor es activado por un operario desde el centro de control de la instalación, desde el cual puede autorizar la entrega, y en caso de emergencia parar y bloquear el surtidor.


EN EL AUTOSERVICIO SÍ SE RESPETAN LOS DERECHOS 


Posteriormente, en la disposición Cuarta 1.a) se obliga a “asegurar la atención por una persona responsable de las instalaciones” a las personas con discapacidad “cuando no puedan acceder al suministro en régimen de autoservicio”. Pero es que es, precisamente, el autoservicio el que garantiza la atención, en contra de lo que sucede con las estaciones desasistidas.

 En la estaciones bajo régimen de autoservicio (que sí tienen personal) el empleado está obligado a salir del centro de control de la instalación y realizar él el repostaje cuando un cliente (personas con discapacidad, embarazadas, alérgicos…) así lo solicite. Y así ocurre en la actualidad.

Es decir, en autoservicio las personas con discapacidad son atendidas por personal.

 Por contra, en las estaciones desatendidas no hay nadie que pueda realizar dicha labor, ni tampoco nadie que vele por el control, la seguridad (no fumar, no hablar por el móvil…) o el respeto del medio ambiente (recogida y reciclaje de pequeños escapes en el repostaje).

 En resumen, todas las instalaciones de estaciones de servicio tienen un alto grado de automatización, pero esa no es una categoría en sí misma, sino una característica. E introducir el concepto “automatizadas” para intentar equiparar una estación de autoservicio con una desatendida nos parece un grave error.


LA NORMA MÁS RESTRICTIVA DE TODO EL PAÍS

En caso de aprobarse tal cual ha sido remitido, este proyecto convertiría a la Comunitat Valenciana en la autonomía de toda España más lesiva respecto a los derechos de los consumidores. Es la única que introduce la teleasistencia y permite la flexibilidad horaria de la atención, así como la reducción generalizada del horario de atención a tan sólo 8 horas. No hay ninguna otra en toda España con una legislación siquiera parecida.

Son nueve las CCAA que han legislado o están legislando para que haya personal que atienda a los clientes siempre que estén abiertas, alcanzando las 24 horas: Castilla y León, Navarra, Canarias, Castilla La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Aragón y Madrid. Además, apuestan por la atención al menos en horario diurno: Andalucía, Asturias y País Vasco.

La Comunitat Valenciana va camino de convertirse en ‘pionera’ en el recorte de los derechos de los consumidores.

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A su vez, este borrador también va en contra del criterio del Congreso de los Diputados. Y es que el pasado 5 de octubre la Comisión de Industria aprobaba una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno Central a “modificar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las normas que sean necesarias para prever la obligatoriedad de que haya al menos un empleado en las estaciones de servicio para atender a personas consumidoras en horario diurno. Se cumpliría así, además, con el derecho de las personas con discapacidad a ser atendidas en estos establecimientos”.

¿ERROR EN LA TRAMITACIÓN O CAMBIO DE CRITERIO?

La nueva Resolución viene motivada por un error en la tramitación de la Resolución anterior, de fecha 28 de abril de 2016, que establecía la atención personalizada en la Comunitat Valenciana en horario diurno. No obstante, este defecto de forma se ha convertido, de facto, en un cambio sustancial de contenido respecto a las condiciones consensuadas en su día con Natxo Costa. Parece evidente que se ha utilizado un fallo administrativo para desvirtuar el espíritu de la norma.

EN DEFENSA DEL EMPLEO, LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, LA SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Por último, COCEMFE Comunitat Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (FEDMES) y la Agrupación Levantina de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (ALEVENCAR) queremos alertar de la pérdida de miles de empleos (70.000 están en juego en toda España, y más de 6.000 en la Comunitat, entre los cuales también hay trabajadores con discapacidad), la discriminación hacia las personas con discapacidad y la vulneración de derechos de los consumidores en general, así como la competencia desleal que suponen las estaciones de servicio desatendidas. Y todo ello sin olvidar los problemas de seguridad y el impacto negativo que la proliferación de estaciones sin personal tienen sobre el urbanismo y el medio ambiente.

Nota 1: Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 “instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”, posteriormente modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI- IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre